LA TRATA DE PERSONAS EN COLOMBIA DESDE LOS BALANCES DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS ANTI-TRATA.

Sin embargo, el Estado Colombiano no ha aún financiado la Estrategia Nacional de lucha contra la trata, ha reducido la financiación de las ONG especializadas en servicios de asistencia, y la atención a largo plazo de las víctimas de la trata sigue siendo insuficiente, no logrando garantizar una atención integral y promoviendo formas de revictimización y no restablecimiento de derechos. [...] El funcionamiento de los Comités municipales, distritales y gubernamentales con la participación de la sociedad civil es un avance, por la experiencia y experticia de las organizaciones en el tema debida al trabajo en campo; sin embargo, el reto es garantizar su operatividad, dotándolos de un presupuesto que les permita ejecutar los planes de acción y fortalecer la capacidad de gestión. [...] La inexistencia de líneas de base territoriales, que permitan incorporar enfoques claros en las políticas departamentales, distritales y municipales es una constante en las regiones; tampoco existe una articulación entre los planes de lucha contra la trata de personas y otros planes (que recogen y se convierten en políticas públicas), como el de infancia, equidad de género o los planes de desarrol. [...] Hay algunos avances en la articulación de la lucha contra la trata transfronteriza, como el caso de la Mesa de la Triple Frontera Amazónica Brasil-Colombia-Perú, que surgió de iniciativas de la sociedad civil. [...] La Defensoría del Pueblo debería tener mayor presencia para garantizar los derechos y la reparación integral de las víctimas, la transparencia y el debido proceso mediante el seguimiento a los mecanismos de persecución, así como detectar e intervenir de forma oportuna, sancionando el delito de trata de personas y los delitos conexos.